DAN LEVANTÓN Y DESAPARECEN A TRES MASCULINOS EN PANTEPEC

En Chiapas, el miedo no siempre irrumpe con balas. A veces llega con una llamada, una cita pactada, una supuesta venta o un encargo cotidiano. Así ocurrió el 16 de diciembre de 2025, alrededor de las 16:00 horas, en el restaurante “El Tigre”, ubicado en el municipio de Pantepec.

Ese día, tres ciudadanos chiapanecos fueron privados de la libertad mediante lo que familiares describen como un “cuatro”, un engaño planeado con precisión:
Bernardo Herelin González Álvarez, comerciante;
Luis Elías Luna Rodríguez, repartidor de cerveza;
y Raúl Hernández Ruiz, músico de mariachi.

Los tres fueron citados por dos mujeres, bajo el pretexto de la entrega de charolas de cerveza y la contratación de un mariachi para una supuesta fiesta. Al llegar al lugar, se les pidió colocarse detrás de unas lonas, como si se tratara de un trámite previo. En ese momento, cinco hombres armados, a bordo de una camioneta blanca, los sometieron y se los llevaron con rumbo desconocido.

Desde entonces, no hay información oficial sobre su paradero.

Han pasado varios días y la respuesta institucional ha sido insuficiente. Pero lo más alarmante no es solo la desaparición múltiple, sino el contexto en el que ocurre: una región donde, de acuerdo con testimonios ciudadanos, grupos armados operan con control territorial, imponen miedo y condicionan la vida cotidiana, mientras las autoridades municipales y estatales no logran —o no quieren— recuperar el Estado de Derecho.

Familiares de los desaparecidos han realizado señalamientos públicos de responsabilidad política hacia los ediles de Tapilula y Pantepec, Rosemberg Díaz Utrilla y Óscar W. Velasco García, respectivamente. No se trata de acusaciones judiciales —y así debe precisarse—, pero sí de acusaciones sociales graves que obligan al Estado a investigar con seriedad y sin protección política.

Cuando una desaparición ocurre a plena luz del día, en un establecimiento público, con un operativo claramente organizado, no estamos ante un hecho aislado, sino ante un patrón de control y violencia que requiere respuesta inmediata.

Los familiares también han señalado la posible participación de personas vinculadas a estructuras locales, incluso empleados públicos, como presuntos actores materiales. Estas versiones no han sido confirmadas, pero reflejan el nivel de desconfianza absoluta hacia las instituciones encargadas de la seguridad y la procuración de justicia.

El llamado es directo y urgente al Gobernador del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar; al Fiscal General, Jorge Luis Llaven Abarca; a la Secretaría General de Gobierno y Mediación, encabezada por Dulce María Rodríguez Ovando; y al titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño.

La exigencia es clara:
búsqueda inmediata,
garantía de vida,
investigación real,
y despliegue efectivo de seguridad.

Las familias y la población exigen la intervención de la fiscalia general del estado ante el clima de miedo que impera en Tapilula y Pantepec, donde la gente teme hablar, denunciar o incluso circular con normalidad.

El papel del delegado de Gobierno y Mediación en la región, Humberto López Pérez, también queda bajo cuestionamiento público. Aunque ha señalado estar atendiendo el caso, no hay avances visibles ni resultados concretos, lo que profundiza la percepción de abandono institucional.

Mientras desde la Secretaría de Seguridad del Pueblo se habla de pacificación, en Pantepec y Tapilula el miedo sigue mandando. La paz no se decreta ni se presume: se construye con presencia del Estado, investigaciones serias y desmantelamiento real de los grupos armados que operan en la región.

Porque cuando tres ciudadanos desaparecen tras un engaño perfectamente ejecut4do y nadie responde con contundencia, el mensaje es devastador: en estas zonas, cualquiera puede ser el siguiente.