DENUNCIAN IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS Y LABORALES EN PENALES DE CHIAPAS

Personal adscrito a diversos Centros de Reinserción Social para Sentenciados en el estado de Chiapas dio a conocer una serie de presuntas irregularidades en materia laboral, atribuibles a la titular de la Delegación Administrativa de la Subsecretaría de Seguridad del Pueblo, relacionadas con la imposición arbitraria del periodo vacacional y la inclusión indebida de días de descanso obligatorio.

Fuentes de testimonios recabados, la funcionaria Genoveva Guadalupe Gómez García habría rechazado autorizar las vacaciones conforme a lo establecido en la normatividad vigente y, en cambio, habría condicionado su otorgamiento a la aceptación de un calendario fijado de manera unilateral, a partir del lunes 22 de diciembre, obligando al personal a contabilizar como días vacacionales el 25 de diciembre y el 1 de enero, ambos reconocidos legalmente como días festivos oficiales.

Las y los trabajadores señalaron que se les advirtió que, en caso de no acatar dicha disposición, perderían el derecho a gozar de su periodo vacacional, lo que interpretaron como un mecanismo de presión institucional y una amedrentación directa.

Especialistas en derecho laboral consultados coincidieron en que los días de descanso obligatorio no pueden ser considerados parte de las vacaciones, al tratarse de prerrogativas distintas, y subrayaron que ninguna autoridad administrativa tiene facultades para suprimir, condicionar o restringir el disfrute de este derecho, mucho menos mediante advertencias o sanciones veladas.

El personal del Centro Penitenciario “El Amate” enfatizó que estas prácticas no solo contravienen principios básicos de protección laboral, sino que además profundizan el desgaste físico y emocional propio de una actividad que exige jornadas prolongadas y un alto nivel de tensión, haciendo indispensable un periodo de descanso real y efectivo.

Ante este panorama, las y los trabajadores solicitaron la intervención de la Subsecretaría de Seguridad del Pueblo, del Órgano Interno de Control y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a fin de que se investiguen los hechos denunciados y se garantice el respeto pleno a sus derechos laborales, sin represalias ni condicionamientos.

Hasta el cierre de esta edición, la Subsecretaría de Seguridad del Pueblo no había emitido postura oficial alguna respecto a los señalamientos formulados por el personal del Centro de Reinserción Social para Sentenciados de Cintalapa.