ABUSO Y EXTORSIÓN EN EL PENAL DEL AMATE, LA REALIDAD QUE CONTRADICE LOS DISCURSOS OFICIALES EN CHIAPAS

Hablar del CERSS Número 14 “El Amate”, en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, y del programa gubernamental “Reparando Vidas” obliga a ir más allá del discurso oficial. Obliga a mirar lo que ocurre detrás de los muros, donde la vida cotidiana de cientos de personas privadas de la libertad dista mucho de cualquier narrativa de humanismo, reinserción o segundas oportunidades.

En El Amate, el castigo no termina con la detención. Empieza.
Ahí, la privación de la libertad se transforma en una cadena de abusos normalizados que nada tienen que ver con justicia y mucho con corrupción estructural.

El llamado “cobro de piso” no es un mito. Es una práctica conocida por internos, familiares y defensores de derechos humanos. Pagar para no ser golpeado. Pagar para no ser obligado a hacer talacha. Pagar por un espacio “seguro” para dormir. Pagar, incluso, para seguir con vida. Quien no paga, enfrenta amenazas, golpizas, aislamiento o castigos disfrazados de “disciplina interna”.

Las extorsiones comienzan desde el primer día. Apenas una persona es detenida, las llamadas llegan a las familias: “dame 30 mil”, “dame 100 mil para que acá lo cuidemos”. Familias que no conocen protocolos, reglas ni jerarquías internas; familias que actúan desde el miedo, la ignorancia y la desesperación, pagando lo que no tienen para evitar represalias contra sus seres queridos.

A esto se suma otro secreto a voces: la venta de drogas dentro del penal. Sustancias que circulan con una facilidad insultante mientras, hacia afuera, se presume control, vigilancia y orden. La pregunta es inevitable: ¿cómo entran?, ¿quién permite que entren?, ¿quién se beneficia de ese mercado que somete a los más vulnerables y fortalece a los grupos de poder internos?

Pero quizá lo más grave no es solo la violencia física o económica. Es la violencia institucional.
En El Amate hay personas procesadas por delitos graves, sí. Pero también hay miles de carpetas sin sentencia, expedientes mal integrados, audiencias aplazadas indefinidamente y defensas legales deficientes. Personas que legalmente siguen siendo inocentes, pero que llevan años pagando una condena anticipada.

Hay hombres que no saben cuándo saldrán porque nadie les informa, nadie revisa sus casos y nadie se responsabiliza. Hay expedientes “extraviados”, jueces omisos —cuando no corruptos— y un sistema judicial que castiga la pobreza y protege la negligencia. La justicia lenta, aquí, no es justicia: es castigo injusto.

Las familias también pagan. Pagan cuotas, pagos “extraoficiales”, viajes interminables, abogados, silencios. Pagan incluso para poder ver a sus familiares, haciendo filas humillantes en días de visita, soportando malos tratos y extorsiones normalizadas. Pagan la omisión del Estado. Pagan el abandono de un sistema que se deslinda de su responsabilidad.

Por eso resulta profundamente problemático hablar de programas como “Reparando Vidas” sin nombrar esta realidad. Se habla de reparación de camas, de remuneración económica a personas privadas de la libertad, de acciones que suenan bien en boletines. Pero habría que preguntar a las familias si sus vidas están siendo reparadas mientras viven extorsión diaria, incertidumbre jurídica y miedo constante.

No se puede hablar de humanismo penitenciario mientras se tolera el cobro de piso.
No se puede hablar de reinserción social mientras se permite la venta de drogas.
No se puede hablar de justicia mientras hay personas encerradas sin sentencia, sin certeza jurídica y sin voz.

En El Amate no solo hay culpables pagando condena. Hay personas inocentes pagando el precio de un sistema roto. Y eso duele. Duele como sociedad. Duele como Estado. Duele porque hemos normalizado lo inaceptable y convertido la prisión en un espacio donde la ley se suspende.

Si de verdad se quiere reparar vidas, el camino no pasa por discursos ni actos inaugurales. Pasa por romper las redes de corrupción internas, revisar expedientes, garantizar procesos justos, erradicar la extorsión, investigar a jueces y ministerios públicos, y devolver la dignidad a quienes hoy viven una condena que va mucho más allá de los barrotes.

Todo lo demás —los programas, las fotos, los discursos— es solo ruido.