CON TURBIOS E INCÓMODOS ANTECEDENTES NOMBRAN SECRETARIA DE AGRICULTURA Y PESCA A EX PRIÍSTA

En Chiapas, los nombramientos públicos ya no pueden leerse como actos administrativos aislados. Cada designación en áreas estratégicas carga con un contexto que exige algo más que discursos de buena voluntad.

El reciente nombramiento de Judith Torr3s V3ra como titular de la Secretaría de Pesca y Acuacultura del Pueblo vuelve a colocar en el centro del debate una pregunta incómoda pero necesaria: ¿qué pesa más en el ejercicio del poder, la confianza política o la obligación de la transparencia?

Torr3s V3ra se desempeñó como directora de Vinculación y Prevención del Delito en Puebla, cargo del que fue separada tras señalamientos públicos de presunta corrupci0n y presuntos vínculos con grup0s criminal3s, entre ellos C4rt3l3s Unid0s. De acuerdo con información difundida en su momento, habría sido investigada por autoridades de Guatemala y de Estados Unidos. Su jefe inmediato fue Raciel López Salazar, cuya gestión al frente de la Secretaría de Seguridad Pública estuvo marcada por d3nuncias y terminó con su destitución.

El tránsito de una trayectoria vinculada al ámbito de la seguridad pública a la conducción de la política pesquera en Chiapas abre una serie de interrogantes legítimas. No solo por el perfil, sino por el contexto institucional en el que ocurre el nombramiento. ¿Se utilizó al Congreso del Estado para crear, a finales de 2025, una nueva secretaría y ahora colocar un nombramiento ex profeso? ¿Se legisló para fortalecer una política pública estratégica o para habilitar un cargo a la medida de una persona en particular?

 Chiapas cuenta con cuadros técnicos, profesionales con experiencia comprobada en sus regiones, sectores productivos y realidades sociales. El desplazamiento sistemático de estos perfiles locales para acomodar personajes de dudosa probidad no solo debilita la institucionalidad, sino que envía un mensaje de desconfianza hacia la capacidad del propio estado para gobernarse a sí mismo.

Además, T0rres V3ra no llega al cargo desde el vacío. Su trayectoria está estrechamente ligada a la gestión de Raciel López Salazar, periodo señalado por c0rrupc!ón, redes de ext0rs!ón, v3nta de privilegios en centros p3nitenciarios y presuntos vínculos con grupos d3l!ct!v0s, hechos que derivaron en investigaciones y en su salida del cargo. No se trató de versiones marginales: fueron denuncias públicas reconocidas por autoridades estatales en su momento.

El nombre de Judith T0rres V3ra volvió a la escena pública en Chiapas tras un hecho particularmente grave: la ej3cuc!ón de su hermano, Eduard0 Gala0r T0rres V3ra, ocurrida el 24 de marzo de 2021 cerca del río Suchiate, junto con otras personas.

Diversas revisiones de reportes oficiales lo vincularon con individuos presuntamente relacionados con el C4rt3l de los Melénd3z M3rida, organización señalada por el trasiego de dr0g4s en la frontera sur entre Chiapas y Guatemala. Estos hechos fueron relacionados con investigaciones abiertas por autoridades de la región.

Nadie sostiene —ni sería responsable hacerlo— que una persona sea culpabl3 de los actos de un familiar. Sin embargo, en el servicio público el contexto importa. Y cuando antecedentes familiares se cruzan con trayectorias políticas cuestionadas y con áreas de gobierno altamente sensibles, el deber del Estado es aclarar, no minimizar.

La Secretaría de Pesca y Acuacultura no es una dependencia menor. Tiene bajo su control miles de lanchas, permisos, rutas fluviales, esteros y zonas marítimas, espacios históricamente vulnerables al uso il3gal. En un estado atravesado por corredores estratégicos y disputas territoriales, entregar esta responsabilidad sin una explicación pública sólida no es humanismo: es omisión.

Las palabras del ejecutivo, al señalar que “tuvo a bien designar” a Judith Torres Vera y exhortarla a conducirse bajo los lineamientos del llamado Humanismo que Transforma, buscan cerrar el debate antes de abrirlo. Pero el humanismo como consigna no sustituye los controles institucionales ni responde a las dudas legítimas de la ciudadanía.

Más delicado aún es que persisten investigaciones administrativas inconclusas y señalamientos de favorecimiento a grupos específicos durante gestiones pasadas, situaciones que no han sido esclarecidas ni investigadas a fondo. El silencio institucional frente a estos antecedentes no fortalece al gobierno; lo debilita.

En ese contexto, la percepción ciudadana es inevitable: Chiapas comienza a parecer el deshuesadero político de personajes incómodos para otros estados, reciclados mediante cargos creados o adaptados a conveniencia. En lugar de fortalecer instituciones con perfiles técnicos, se utiliza la estructura gubernamental para reacomodar trayectorias cuestionadas que ya no encontraron espacio en otros lugares.

Chiapas no necesita secretarías creadas al vapor ni nombramientos blindados por el discurso. Necesita instituciones sólidas y funcionarios cuya llegada resista el escrutinio público, especialmente en áreas donde la línea entre lo legal y lo il3gal ha sido históricamente frágil. 

No es que el pasado haya quedado atrás. Es que el presente no demuestra que sea distinto.

Con información de Chiapas en la mira.