DELINCUENCIA EN CHIAPAS MANTIENE CONTROL POLÍTICO Y CONTROL TERRITORIAL EN ALGUNOS MUNICIPIOS

El caso Cintalapa no es una excepción. Es un síntoma. Lo que hoy se exhibe —redes de halconeo, policías sin control, funcionarios detenidos y vínculos criminales bajo investigación— se explica por una constante en varios municipios de Chiapas: la prolongación del poder sin contrapesos reales. Cuando los mismos proyectos políticos se reciclan, se heredan o se reeligen, el riesgo no es solo la corrupción; es la captura del territorio.

En Cintalapa, el control municipal se sostuvo por años bajo un mismo grupo. Pero el patrón se repite. Ahí están los ejemplos: en Berriozábal, el alcalde Jorge Acero Gómez completó un trienio y hoy transita su primer año de un nuevo periodo que aún tiene dos años por delante. En Comitán, Mario Antonio Guillén Domínguez volvió a repetir la alcaldía. En Villaflores, Valeria Rosales Sarmiento gobierna tras heredar el poder de su padre, Mariano Rosales. Y en Ocozocoautla, Francisco Chambé Morales encabeza un municipio donde la violencia también ha escalado.

En todos estos municipios, los enfrentamientos son constantes y la historia se repite: la policía y los operativos llegan después, cuando todo ya pasó. La reacción sustituye a la prevención; el despliegue mediático, a la estrategia; el comunicado, al control real del territorio.

No se trata de acusar por apellido o por reelección pero se trata de evaluar resultados. Cuando la permanencia en el poder coincide con incrementos de vi0lencia, policías infiltradas, finanzas opacas y territorios disputados, la pregunta es inevitable: ¿quién controla realmente el municipio?

El despliegue tardío de la justicia en Cintalapa expone otra falla estructural: los controles y la confianza. Si hoy se confirma que policías municipales actuaban como halcones, alguien falló. Por eso, el escrutinio debe alcanzar a quienes dirigen la seguridad y la procuración de justicia. El fiscal Jorge Luis Llaven Abarca y el titular de Seguridad Óscar Alberto Aparicio Avendaño están obligados a explicar cómo operaron los filtros del C3, por qué se validaron certificaciones y desde cuándo se conocían las alertas. La responsabilidad institucional no se resuelve con comunicados.

La prolongación del poder sin vigilancia efectiva crea zonas grises donde el Estado se debilita y los grupos criminales avanzan. Ahí prosperan el halconeo, la extorsión y la captura de corporaciones locales. No es casualidad que varios de estos municipios concentren hoy los focos rojos.

La lección es clara: la alternancia sin controles no basta, pero la permanencia sin rendición de cuentas es todavía peor. Si la “cero impunidad” va en serio, deberá subir por la cadena, revisar finanzas, policías y decisiones políticas, y romper con la lógica del poder heredado y prolongado.

De lo contrario, Cintalapa será solo el primer nombre de una lista que ya conocemos.

¿La viol3ncia se combate con detenciones tardías o con controles reales al poder municipal que se prolonga y se hereda?

¿Hasta cuándo se va a tolerar que los mismos grupos gobiernen municipios mientras la viol3ncia crece y nadie asume responsabilidades?