PARA LA FGE SÓLO SON NÚMEROS, PARA LAS FAMILIAS EL DOLOR DERIVADO DE LA VIOLENCIA

La confirmación de la muerte de Mauricio Camilo Girón no solo cerró una búsqueda angustiante. Cerró, de golpe, la última esperanza de una familia que durante días vivió entre el miedo, el silencio y la fe de volver a verlo con vida.

La Fiscalía General del Estado de Chiapas confirmó que el trabajador del bar Anubis fue localizado sin vida, tras haber sido privado de su libertad durante el ataque armado ocurrido el pasado 27 de diciembre en Villaflores. Con este hallazgo, el caso quedó oficialmente cerrado en términos de búsqueda, pero no en términos de justicia.

Mientras las investigaciones avanzaban —según los reportes oficiales—, la esposa de Mauricio hacía lo único que podía: pedir apoyo público para sostener a sus hijos pequeños, uno de ellos de apenas un año. Su llamado no fue político ni mediático; fue humano. Pañales, alimentos, ayuda mínima para resistir mientras la incertidumbre consumía los días.

Hoy, esa espera terminó en duelo. Y con ella se revela otra dimensión de la violencia: la de las mujeres que quedan solas, de improviso, cargando con el dolor, la crianza y la precariedad económica, sin un acompañamiento institucional claro ni visible.

El ataque al bar Anubis dejó nueve personas muertas. Siete hombres privados de la libertad y asesinados. Dos mujeres que fallecieron por las quemaduras tras el incendio. A estas cifras se suma un saldo que no aparece en los informes: niños en la orfandad, familias fracturadas y comunidades que viven con miedo.

La Fiscalía informa, confirma y contabiliza. Pero la pregunta de fondo sigue abierta: ¿qué sigue para las víctimas indirectas?, ¿qué mecanismos reales existen para proteger y acompañar a quienes quedan vivos después de la tragedia?

¿Debe la Fiscalía General del Estado limitarse a confirmar muertes o también asumir un papel activo en la atención y reparación del daño a las familias que deja la violencia?