Lo ocurrido en el anexo Río Grande, ejido Tila, confirma que la crisis de seguridad en la zona no ha sido resuelta. Dos personas fueron 4sesinad4s —una de ellas calcinad4— y cuatro más resultaron herid4s tras una emboscad4 perpetrada contra habitantes que regresaban a su comunidad.
El miedo vuelve a instalarse en un municipio que en 2024 vivió uno de los episodios más graves de violenci4 en Chiapas, con pobladores sitiados durante días y desplazamientos forzados hacia Yajalón.
Tila no enfrenta un hecho aislado. Enfrenta la repetición de un patrón.
Y ante este nuevo episodio surge la pregunta obligada:
¿Dónde está la Fiscalía General del Estado encabezada por Jorge Luis Llaven Abarca?
¿Dónde están las fuerzas de reacción inmediata “Pakal”, anunciadas como respuesta estratégica para intervenir en escenarios de alto riesgo?
Si existen antecedentes de confrontaciones, si los grupos 4rmad0s son señalados por la propia población y si el municipio ya tiene historial reciente de violenci4 extrema, la actuación no puede ser únicamente posterior al crim3n. Acordonar, levantar indicios y abrir carpetas es el mínimo legal, no la solución estructural.
La seguridad no se demuestra en boletines y poses en la foto. Se demuestra evitando que las 3mboscad4s ocurran. Y la seguridad que tamto se pregona.
Tila necesita presencia institucional permanente, desarme efectivo, inteligencia preventiva y reconstrucción del tejido social. De lo contrario, cada nueva agresión confirmará que el Estado llega tarde… cuando el daño ya está hecho.
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