

En el marco del “Operativo Arriaga Seguro”, se logró la captura de tres individuos en el municipio de Arriaga, como resultado de acciones coordinadas entre diversas corporaciones de seguridad. En el dispositivo participaron la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP); la Guardia Estatal Preventiva; la Fiscalía General del Estado (FGE); la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR); la Guardia Nacional; y el Ejército Mexicano.
El operativo tuvo como objetivo fortalecer la presencia institucional y disminuir la incidencia delictiva en zonas prioritarias del estado de Chiapas. Durante las acciones, fueron detenidos José “N”, Gael “N” y Miguel “N”, quienes fueron señalados como probables responsables de delitos contra la salud y portación de armas de fuego.
Los tres sujetos, originarios del estado de Guerrero, tenían en su posesión: tres fusiles tipo AK-47, cinco cargadores abastecidos para arma larga, una motocicleta de la marca Italika, tres dispositivos móviles, 20 envoltorios de plástico color verde con una sustancia granulada con características propias del cristal, así como dinero en efectivo.
Los aprehendidos manifestaron pertenecer al grupo delictivo Cártel Chiapas y Guatemala, también denominado “Los Actorralados”. Fueron puestos a disposición de las instancias legales correspondientes, donde se definirá su situación jurídica en los términos que establece la ley.
No obstante lo anterior, versiones recabadas con testigos presenciales podrían poner en entredicho la versión oficial de los hechos. De acuerdo con dichos testimonios, respaldados por evidencia preliminar, los ahora detenidos habrían sido interceptados por elementos de seguridad cuando se encontraban en un reconocido hotel en el municipio de Arriaga, y no en el sitio que la autoridad ha señalado en su comunicado.
La aparente versión oficial sobre el lugar y las circunstancias de la detención abre un debate jurídico de fondo. Fuentes próximas a la defensa señalan que, de confirmarse este defecto procesal, podría ordenarse la reposición del procedimiento o, en un escenario más grave, la liberación de los imputados si se acreditan violaciones al debido proceso o la posible fabricación de pruebas.





