ABUSO, TORTURA Y EXTORSIÓN COMETIDO PRESUNTAMENTE POR PAKALES, LA INVESTIGACIÓN NO AVANZA.

El 4 de noviembre de 2025, Óscar Trinidad Carbajal fue detenido en Tapachula. Desde entonces, su nombre no sólo figura en una carpeta de investigación (1227-089-0519-2025) y en una causa penal (517/2025). Hoy también aparece en un documento formal dirigido al Fiscal General del Estado de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, donde se solicita que se investiguen presuntos delitos graves cometidos —según la querella— por elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata “Pakal” (FRIP) y por personal adscrito a la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa.

No es un señalamiento genérico.
La denuncia menciona nombres y cargos.

Se acusa directamente al C. Carlos Melitón “N”, identificado como comandante de los “Pakales” en Tapachula, así como a elementos de esa corporación y a policías de investigación e inteligencia adscritos a la Fiscalía. Los delitos señalados no son menores: abuso de autoridad, extorsión, amenazas, homicidio en grado de tentativa y tortura.

El documento expone una secuencia que, de ser acreditada, revelaría un patrón de violencia institucional: amenazas por supuesta prohibición para comerciar frutas traídas de Puebla y Ciudad de México; presunta exigencia de dos millones de pesos; detención armada; traslado en patrulla; golpes; asfixia con bolsa; colgamiento de pies; hospitalización bajo custodia; negativa de información a familiares; nuevo traslado en patrulla que terminó en accidente; y nuevas agresiones incluso dentro de una ambulancia.

La querella solicita diligencias específicas: expedientes clínicos del IMSS Bienestar y del Hospital General de Tapachula; videograbaciones de ingresos y egresos; nombres de personal médico; informes de puesta a disposición; identificación de los elementos participantes en la detención. Es decir, no es un escrito retórico. Es una petición de investigación concreta.

Mientras tanto, la familia y colectivos sociales cumplen 45 días de plantón frente al Palacio de Gobierno. Exigen que se admita la denuncia, que se investigue a fondo y que se garantice la integridad física y jurídica del detenido, quien actualmente permanece resguardado en un sanatorio privado bajo custodia policial.

Aquí la discusión trasciende a un solo expediente.

Porque cuando una denuncia formal por tortura y extorsión señala directamente a una corporación policial y a personal adscrito a la Fiscalía, la pregunta institucional es inevitable:
¿quién investiga cuando el señalamiento apunta al propio aparato investigador?

El Fiscal General del Estado no puede eludir el tema. El escrito invoca artículos constitucionales y del Código Nacional de Procedimientos Penales. Solicita formalmente que se inicie indagatoria. Exige registro de denuncia. Pide judicialización si existen elementos. Es un planteamiento legal que obliga respuesta institucional.

En un estado que habla de combate a la corrupción y fortalecimiento de la seguridad, este caso se convierte en prueba de coherencia. Si la ley es pareja, debe aplicarse también hacia dentro. Si hay falsedad en los señalamientos, debe demostrarse con transparencia. Si hay responsabilidad, debe sancionarse sin simulación.

La tortura es un delito grave, tipificado tanto en el Código Penal Federal como en el Código Penal del Estado de Chiapas. No admite matices políticos ni justificaciones operativas.

Hoy la indignación no proviene únicamente del relato de los hechos. Proviene del silencio institucional frente a una denuncia que ya está formalmente presentada.

Porque cuando la ciudadanía siente que denunciar a la autoridad implica riesgo, miedo o represalias, el problema deja de ser individual y se convierte en crisis de confianza pública.

El caso Óscar Trinidad Carbajal ya no es sólo un asunto procesal. Es un examen directo a la Fiscalía General del Estado de Chiapas.

La FRIP “Pakal” está adscrita a la estructura de seguridad pública del estado. Por lo tanto, el caso también coloca bajo escrutinio a Óscar Aparicio Avendaño, Secretario de Seguridad Pública del Pueblo, como cabeza del aparato operativo al que pertenecen los elementos señalados.

Cuando una denuncia acusa tortura, intento de extorsión por dos millones de pesos y violencia sistemática durante la detención y custodia, la cadena de mando no puede hacerse invisible.

Hoy el caso Óscar Trinidad Carbajal no sólo interpela a un comandante. Interpela al Fiscal General y al Secretario de Seguridad Pública del Pueblo.

Porque cuando la denuncia toca a las corporaciones encargadas de investigar y proteger, la pregunta es inevitable:

¿Habrá investigación real… o se activará el mecanismo de encubrimiento?

En un estado que presume combate frontal a la corrupción y fortalecimiento de la seguridad, este expediente es la prueba de coherencia.

Y en este examen, la omisión también cuenta como respuesta.