PAKALES EN LA NÓMINA PRESUNTAMENTE ATRIBUIDA AL MENCHO

La Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), corporación estatal de élite en Chiapas, aparece mencionada en una presunta narc0nómina atribuida a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” o “El Señor de los Gallos”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de acuerdo con un reportaje publicado por EL UNIVERSAL, firmado por el periodista Manuel Espino.

Según la investigación, el documento fue localizado en una cabaña en Tapalpa, Jalisco, donde el capo se refugiaba. En el reporte contable —elaborado en filas y columnas— se detallan pagos semanales destinados a la operación del CJNG en el sur de Chiapas.

LOS PAGOS DOCUMENTADOS
De acuerdo con lo publicado, entre el 3 y 9 de noviembre del año pasado la corporación habría recibido 100 mil pesos bajo el concepto “Estatal Pakales”.

En la lista también aparecen los siguientes conceptos:
• “Secretaria S. Cristóbal” – 50 mil pesos
• “Municipio San Cristóbal” – 50 mil pesos
• “Direc. Chapa Corzo” – 50 mil pesos
• “Lic. Chapa Corzo” – 35 mil pesos
El reporte señala que el CJNG destina casi 2 millones de pesos semanales para su operación en el sur de la entidad, donde mantiene una disputa con el CS por el control de rutas de tráfico de drogas, armas y migrantes.

ESTRUCTURA OPERATIVA SEÑALADA
El documento referido por EL UNIVERSAL detalla:
• Más de 300 sicarios de choque desplegados en el sur de Chiapas.
• Sueldos semanales de entre 2 mil y 10 mil pesos.
• 283 mil pesos semanales para 80 hombres en Tzanembolóm, Chenalhó.
• 131 mil 200 pesos para 43 hombres en Pantelhó.
• 320 mil pesos destinados a “apoyos” identificados en la lista.

También se registran pagos bajo conceptos como “Locutor”, “Mapastepec Payaso”, “Sierra Villa Flores”, “Zaragoza Chapayan Alto. Machado”, “Pueblo Nuevo Bruss”, “Ratones” y Oxchuc.

Destaca además una nómina titulada “Escuela Viejo Chapa” por 20 mil pesos, con pagos a personas identificadas con alias, lo que podría corresponder a centros de adiestramiento, aunque el documento no lo precisa expresamente.

Asimismo, se mencionan gastos por empaque de droga, despensa, gas, renta de casas y traslados.

CONTEXTO INSTITUCIONAL EN CHIAPAS
La Fuerza de Reacción Inmediata Pakal fue creada en 2024 por el ejecutivo estatal como cuerpo especial para enfrentar la violencia derivada de la disputa criminal en la frontera sur.
La corporación fue equipada con armament0 de alto poder y un helicóptero artillado tipo Black Hawk, y está integrada por casi mil elementos, algunos provenientes del Ejército y de la extinta Policía Federal.
Actualmente, esta fuerza especial opera bajo la estructura de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, dependencia encabezada por Óscar Alberto Aparicio Avendaño, secretario de Seguridad del Pueblo del Gobierno del Estado de Chiapas, responsable de la estrategia estatal en la materia.

ANTECEDENTES Y CUESTIONAMIENTOS
Desde su creación, la actuación de los llamados “Pakales” ha sido objeto de cuestionamientos públicos en distintos municipios, donde la ciudadanía ha denunciado abusos de autoridad, detenciones arbitrarias y casos de personas que aseguran haber sido encarceladas injustamente durante operativos.

La aparición del concepto “Estatal Pakales” en un documento atribuido al CJNG constituye un señalamiento que deberá ser investigado por las autoridades competentes. Y en ese sentido es de llamar la atención que en fechas recientes, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, ha difundido en sus redes sociales los avances en materia de seguridad en Chiapas, destacando operativos y resultados atribuidos a la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal.

El discurso oficial habla de eficacia, coordinación y control territorial.
Sin embargo, en territorio chiapaneco persisten denuncias ciudadanas por abus0s, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza.

LA CUESTIÓN DE FONDO
No es razonable pensar que el titular de la seguridad nacional solo reciba información por un único canal oficial y desconozca lo que la ciudadanía denuncia públicamente. En la era digital, con redes sociodigitales, medios independientes y cobertura constante, sería difícil sostener que no hay conocimiento de esas voces.

Si la información existe, circula y ha llegado incluso a la conferencia presidencial, entonces el tema no es falta de datos, sino qué se hace con ellos.

Sería gravísimo que la toma de decisiones se base únicamente en reportes internos sin contrastar lo que ocurre en territorio. La seguridad no puede evaluarse solo desde el parte institucional; también debe medirse desde la percepción y las experiencias de la población.

Cuando las denuncias se repiten, los testimonios se acumulan y el asunto escala hasta la agenda nacional, no puede reducirse a ruido mediático.

La pregunta ya no es si Omar García Harfuch tiene información.
La pregunta es:

¿Se está escuchando realmente a todas las voces?

Porque gobernar en materia de seguridad no es solo presumir resultados. Es garantizar que esos resultados no se construyan al margen de la legalidad ni de la confianza ciudadana.
Si el combate al crimen es nacional, la escucha también debería serlo.

FEDERACIÓN, ESTADO Y RESPONSABILIDAD
Si en alguna gira por Chiapas a la presidenta Claudia Sheimbaum Pardo se le dijo que el ejecutivo estatal se encargaría del estado mientras la presidenta se hiciera cargo del país, ello no significa que la jefa del Ejecutivo federal deba ignorar una preocupación que ya trascendió el ámbito local.

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, encabeza la política nacional y la coordinación en materia de seguridad pública.

Respetar la autonomía de los estados no equivale a cerrar los ojos ante alertas ciudadanas persistentes.
Porque si la autoridad federal celebra resultados en Chiapas, también debería atender las voces que piden revisión. Gobernar implica escuchar todas las fuentes, no solo una versión.

Cuando las familias sienten que no son escuchadas en su estado, buscan otra instancia. Y esa instancia es la Presidencia de la República. No por confrontación política, sino por necesidad de respuesta.
Porque si no es la titular del Ejecutivo federal quien escucha cuando el tema ya está en la agenda nacional, ¿entonces quién?

LEGITIMIDAD Y CONFIANZA
El combate al crimen organizado es indispensable. Nadie lo pone en duda. Pero la legitimidad de ese combate depende de los controles, de la supervisión y de la rendición de cuentas.

Si la narrativa oficial solo celebra cifras y no revisa señalamientos, el riesgo es que la distancia entre el discurso y la realidad crezca. Y cuando esa brecha se amplía, la confianza institucional comienza a erosionarse.

Chiapas vive tensión por la disputa criminal, por la violencia acumulada desde hace años y por la complejidad de su frontera sur. En ese contexto, una fuerza de élite no puede permitirse dudas sobre su actuación.

La ciudadanía no está pidiendo debilidad frente al crimen.
Está pidiendo legalidad.

Está pidiendo revisión cuando hay denuncias.
Está pidiendo que la seguridad no se convierta en motivo de temor.

Ignorar las voces críticas no elimina el problema. Lo desplaza. Y cuando se desplaza, suele crecer.

La seguridad no solo se mide en decomisos.
Se mide en confianza.
Y la confianza se construye escuchando, investigando y corrigiendo cuando es necesario.