FUERZAS FEDERALES NO CONFÍAN EN AUTORIDADES DE CHIAPAS EN LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA

En la frontera sur de México se está librando una batalla silenciosa, pero cada vez más evidente, entre las fuerzas federales y las estructuras criminales que operan en la región del Soconusco. Y en esa disputa hay un dato que comienza a llamar poderosamente la atención: los recientes operativos encabezados por el Ejército Mexicano, la Marina, la Guardia Nacional y corporaciones federales se están realizando sin tomar en cuenta a las autoridades estatales de Chiapas.

Las acciones más recientes en Tapachula, Tuxtla Chico, Frontera Hidalgo y Metapa dejaron al descubierto una realidad incómoda: el Gobierno Federal ya no estaría confiando plenamente en las corporaciones locales debido al riesgo de filtraciones y fuga de información hacia grupos criminales.

La prueba más clara ocurrió hace apenas unos días con la captura de Carmen Yadira Rodas Mateo, identificada por autoridades federales como esposa y operadora cercana de Horacio de la Cruz Mazariegos, alias “El Botanas”, señalado como uno de los principales operadores de la facción de “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa en la frontera sur.

El operativo fue ejecutado directamente por fuerzas federales: Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y Fiscalía General de la República. En ningún momento figuraron públicamente la Fiscalía General del Estado de Chiapas ni la Secretaría de Seguridad del Pueblo.

No se trató de una detención menor. Durante los cateos simultáneos realizados en cinco inmuebles, las fuerzas federales aseguraron armas largas, cargadores, cartuchos, vehículos blindados, equipo táctico, documentación, radios de comunicación y propiedades vinculadas a la estructura criminal.

Además, otro cateo realizado recientemente en una pensión de tráileres en Tapachula derivó en el decomiso de un arsenal y droga, incluyendo más de un centenar de armas de fuego y cientos de kilogramos de cocaína, confirmando el nivel de operación criminal que existe en esta región estratégica para el trasiego internacional de drogas.

Fuentes de seguridad consultadas de manera extraoficial sostienen que los operativos federales se manejan con absoluto hermetismo precisamente para evitar filtraciones. La desconfianza hacia algunas corporaciones estatales y municipales ha provocado que las fuerzas armadas y agencias federales limiten la información únicamente a círculos cerrados de inteligencia militar y federal.

La lógica detrás de esta estrategia es simple: cuando se informa con anticipación a ciertas estructuras locales, los objetivos criminales desaparecen antes de los cateos o detenciones. En otras palabras, alguien les avisa.

Por ello, en los últimos meses se ha observado un patrón constante: convoyes militares que ingresan sorpresivamente a municipios fronterizos, cateos simultáneos ejecutados de madrugada y despliegues operativos donde ni siquiera policías estatales participan en los perímetros de seguridad.

La exclusión de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, incluyendo a los llamados “Policías Pakales”, no sería casualidad. Dentro de las mesas federales de seguridad existiría preocupación por posibles redes de protección, corrupción o filtración de información sensible hacia grupos delictivos que operan en la frontera con Guatemala.

El caso de “El Botanas” resulta particularmente delicado para el Gobierno Federal. Aunque su esposa y algunos operadores ya fueron detenidos, el presunto jefe regional continúa prófugo, al igual que otros integrantes clave de la organización criminal que mantiene presencia en Tapachula y municipios fronterizos.

Las investigaciones federales señalan que esta estructura está vinculada al trasiego de droga proveniente de Centro y Sudamérica hacia Estados Unidos, utilizando rutas estratégicas en Chiapas.
Mientras tanto, en Tapachula y el Soconusco comienza a instalarse una percepción cada vez más fuerte: las fuerzas federales operan solas porque no confían en las autoridades locales.

Y esa desconfianza, en una región golpeada por la violencia, el narcotráfico y el control territorial del crimen organizado, termina siendo también un mensaje político y de seguridad pública profundamente preocupante.