SERRANO ESCOBEDO Y EL FRIP PAKAL: LOS ABUSOS DENUNCIADOS Y LA CADENA DE MANDO QUE DEBE RESPONDER

Lo preocupante no es únicamente la cantidad de denuncias que hoy rodean a la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal. También inquieta que esta corporación forme parte de una estructura de seguridad encabezada por funcionarios cuyas trayectorias previas estuvieron marcadas por investigaciones, controversias y cuestionamientos públicos en otros estados.

En las entregas anteriores documentamos el antecedente público de Álvaro Cuauhtémoc Serrano Escobedo en el operativo de Tanhuato, Michoacán, donde murieron 43 personas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos acreditó ejecuciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, actos de tortura y alteraciones en el lugar de los hechos.

Óscar Alberto Aparicio Avendaño, secretario de Seguridad del Pueblo, llegó a Chiapas después de ocupar cargos policiales en Chihuahua y Zacatecas. Parte del modelo operativo aplicado actualmente en el estado tiene semejanzas con estructuras de reacción inmediata utilizadas previamente en esas entidades. Esto no demuestra que cada abuso denunciado en Chiapas sea una repetición deliberada, pero sí obliga a revisar si se están reproduciendo prácticas y esquemas de seguridad cuyos antecedentes no representan precisamente las mejores experiencias policiales.

Cuando los mismos perfiles, métodos de despliegue y estructuras fuertemente armadas aparecen acompañados nuevamente de denuncias por tortura, extorsión, detenciones arbitrarias y desaparición de personas, ya no basta con responsabilizar únicamente al agente que aparece en un video o al policía que termina detenido.

También debe revisarse quién lo seleccionó, quién aprobó sus controles de confianza, quién supervisó sus operaciones, quién recibió las primeras denuncias y quién permitió que continuara en funciones.

¿Por qué los recursos del pueblo de Chiapas deben sostener mandos y corporaciones armadas sin que se transparenten suficientemente sus expedientes, evaluaciones, investigaciones internas y mecanismos de supervisión?

El dinero público paga vehículos blindados, armamento, uniformes, combustible, tecnología, instalaciones, salarios y operativos. Ese mismo recurso debería garantizar controles internos efectivos, capacitación en derechos humanos, cámaras corporales, registros de detención, investigaciones independientes y sanciones contra quienes abusen del poder.

La seguridad no puede convertirse en un espacio donde la confianza personal sustituya la revisión de antecedentes ni donde la exhibición de fuerza se presente como prueba suficiente de legalidad.

El FRIP Pakal fue creado al inicio del gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar, el 8 de diciembre de 2024, como una fuerza especializada para enfrentar delitos de alto impacto. Fue presentado como una corporación equipada con personal táctico, vehículos blindados y capacidad de intervención inmediata.

La relación de Serrano Escobedo con esa corporación está documentada. Un acta oficial de la Secretaría de Seguridad del Pueblo correspondiente a 2025 lo identificó como director de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal. Actualmente, el directorio del Gobierno de Chiapas lo registra como subsecretario de Seguridad del Pueblo.

Esto debe plantearse con precisión: su posición jerárquica no permite atribuirle automáticamente cada conducta cometida por un integrante de la corporación ni afirmar, sin pruebas, que ordenó personalmente los operativos denunciados.

Pero su paso por la dirección del FRIP y el cargo que ahora ocupa sí hacen legítimas preguntas concretas: ¿qué controles estableció?, ¿cuántas denuncias conoció?, ¿qué mandos fueron investigados?, ¿qué agentes fueron suspendidos? y ¿qué decisiones tomó para evitar que los abusos se repitieran?

Los señalamientos contra la Fuerza Pakal no permanecieron únicamente en publicaciones de redes sociales.

En julio de 2025, cuatro integrantes de la corporación fueron detenidos por su probable participación en los delitos de extorsión agravada y abuso de autoridad en Benemérito de las Américas. La detención no equivale a una sentencia, pero demuestra que las acusaciones provocaron una actuación institucional concreta.

En agosto del mismo año se difundió una grabación en la que agentes golpeaban con una tabla a una persona que se encontraba detenida en Chilón. Seis elementos fueron puestos a disposición de las autoridades por su probable responsabilidad en abuso de autoridad y ejercicio ilegal del servicio público.

Para marzo de 2026, una investigación de *El Universal* contabilizaba al menos 11 integrantes del grupo detenidos o investigados en distintos casos. La cifra reúne procedimientos y situaciones jurídicas diferentes, por lo que no significa que todos hayan sido declarados culpables. Sin embargo, confirma que las acusaciones ya habían superado el terreno de los rumores.

La misma investigación informó que el nombre de la corporación aparecía en documentos atribuidos a una presunta nómina del Cártel Jalisco Nueva Generación, relacionada con un supuesto pago de 100 mil pesos.

Ese documento periodístico no constituye una resolución judicial ni demuestra que toda la corporación haya recibido dinero del crimen organizado. Precisamente por la gravedad del señalamiento, el gobernador Eduardo Ramírez ordenó una investigación para determinar la autenticidad de la información y las posibles responsabilidades.

La ciudadanía tiene derecho a conocer qué ocurrió con esa investigación: quiénes fueron revisados, qué mandos estaban a cargo, si se analizaron cuentas bancarias, comunicaciones y registros operativos, y cuáles fueron las conclusiones.

También existen denuncias presentadas por familiares, comunidades religiosas y organizaciones defensoras de derechos humanos sobre detenciones presuntamente arbitrarias, incomunicación, golpes, tortura y posible fabricación de delitos durante operativos atribuidos al FRIP Pakal.

En algunos casos, los denunciantes aseguran que las personas fueron privadas de la libertad por agentes encapuchados, permanecieron durante varios días sin que sus familias conocieran oficialmente su paradero y posteriormente fueron presentadas ante las autoridades bajo acusaciones que sus defensas consideran fabricadas.

En otros expedientes, las familias han señalado presuntos actos de tortura, extorsión, desaparición y falta de atención médica adecuada.

Estas acusaciones no pueden presentarse como hechos judicialmente comprobados mientras no exista una resolución firme. Sin embargo, su repetición en diferentes municipios, bajo métodos semejantes y contra personas distintas, obliga a investigarlas mediante instancias independientes de las corporaciones señaladas.

El punto central no depende de un solo nombre. Lo preocupante es la acumulación de testimonios que describen detenciones violentas, incomunicación, tortura, desapariciones y posibles montajes.

Cuando señalamientos de esta gravedad se repiten, la obligación institucional ya no consiste únicamente en negar, emitir un comunicado o esperar que el tema desaparezca de la conversación pública. Se debe investigar, transparentar resultados y establecer responsabilidades.

En mayo de 2026, la difusión de videos exhibió a servidores públicos asfixiando con bolsas de plástico a dos hombres durante interrogatorios. Posteriormente fueron detenidos diez funcionarios por su probable participación en los hechos. Las detenciones no representan sentencias, pero confirman que existieron elementos suficientes para abrir procedimientos penales.

Esto muestra que las denuncias ya no alcanzan únicamente a agentes aislados. También involucran comandantes y diferentes niveles del sistema estatal de seguridad.

Aquí comienza la parte que el Gobierno de Chiapas y la Federación deben explicar.

La Fuerza Pakal no opera completamente separada de las instituciones nacionales. Participa en acciones coordinadas con autoridades estatales y federales, mientras sus resultados son revisados dentro de espacios institucionales donde se comparte información de seguridad.

En Chiapas funciona una Mesa de Paz encabezada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar. En estas reuniones participan mandos de la Secretaría de Seguridad, Ejército, Marina y Guardia Nacional para revisar acontecimientos, coordinar despliegues y tomar decisiones operativas.

Esto no demuestra que cada participante de la Mesa conociera previamente todos los abusos denunciados ni permite acusarlos automáticamente de encubrimiento.

Pero sí impide afirmar que el FRIP Pakal es una corporación desconocida para la Federación, aislada del resto de las instituciones o ajena a los mecanismos de coordinación nacional.

El gobernador de Chiapas también participa, junto con las demás gobernadoras y gobernadores, en el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Este organismo es encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y cuenta con la participación de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

La Presidencia de la República encabeza además el Gabinete de Seguridad federal, donde se revisa diariamente información sobre violencia, delincuencia organizada, objetivos prioritarios y resultados operativos en las entidades.

Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch no nombraron directamente a Serrano Escobedo, a Aparicio Avendaño ni a los mandos operativos del FRIP. Tampoco puede atribuírseles responsabilidad automática por cada conducta cometida por una corporación estatal.

Sin embargo, las instituciones federales comparten información, participan en mesas de coordinación, realizan operativos conjuntos y evalúan resultados con las autoridades chiapanecas.

Por eso, la autonomía de los estados no puede utilizarse como una excusa para cerrar los ojos cuando existen antecedentes de investigaciones federales, detenciones de agentes, videos de tortura y denuncias reiteradas contra una corporación armada que participa dentro de una estrategia coordinada.

La cadena de responsabilidades alcanza, por lo menos, al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar; al secretario Óscar Alberto Aparicio Avendaño; a la subsecretaría encabezada por Álvaro Cuauhtémoc Serrano Escobedo; a la dirección operativa del FRIP Pakal; a las áreas de Asuntos Internos y control de confianza; a la Mesa de Paz; y a las instituciones federales que comparten información y operaciones con Chiapas.

No puede afirmarse, sin una investigación, que todas estas autoridades fueron omisas. Lo que sí puede exigirse es que cada una explique qué sabía, desde cuándo lo sabía, qué facultades tenía y qué hizo después de conocer las denuncias.

La responsabilidad de mando no consiste en declarar culpable al superior por cada acto individual. Consiste en exigirle que demuestre que supervisó, investigó, corrigió y denunció cuando tuvo conocimiento de posibles abusos dentro de la estructura que dirige.

Tampoco basta con detener policías después de que un video se vuelve viral. La prevención exige saber si existían reportes anteriores, si los mandos recibieron advertencias, si se aplicaron controles de confianza, si hubo suspensiones y si los protocolos fueron modificados antes de que aparecieran nuevas víctimas.

Una corporación no puede presumirse de élite únicamente por la potencia de sus armas, el tamaño de sus vehículos o la espectacularidad de sus operativos. También debe demostrar disciplina, legalidad, profesionalismo y capacidad para responder por sus actos.

Mientras el Gobierno de Chiapas y las autoridades federales no transparenten las investigaciones, sanciones y revisiones aplicadas a la Fuerza Pakal, cada nueva denuncia seguirá acumulándose sobre una estructura de mando que presume coordinación y capacidad operativa, pero todavía debe demostrar que cuenta con controles capaces de impedir abusos.

¿QUÉ SABÍAN EL GOBIERNO DE CHIAPAS, LA MESA DE PAZ Y LAS AUTORIDADES FEDERALES SOBRE ESTAS DENUNCIAS, DESDE CUÁNDO LO SABÍAN Y QUÉ HICIERON PARA IMPEDIR QUE SE REPITIERAN?