Más de 30 elementos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo aseguran que sus percepciones fueron afectadas y que la suspensión definitiva concedida dentro del juicio de amparo 1559/2025-III no habría sido cumplida en los términos ordenados por un juez federal.
Hasta este momento no existe una resolución pública que confirme un desacato, pero sí una denuncia formal que plantea preguntas que la dependencia debe responder.
En este análisis revisamos:
• ¿Qué dice realmente la Ley de Amparo?
• ¿Qué alcance tiene el apoyo económico del 40%?
• ¿Qué responsabilidad institucional tiene Óscar Alberto Aparicio Avendaño?
• ¿Qué tendría que acreditar la Secretaría para demostrar que actuó conforme a derecho
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